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Había un alcalde de un pueblo que decía que los cohetes sólo servían para asustar a los niños y a los perros, y tomó medidas para que sólo se dispararan al cielo los imprescindibles en los días más señalados. Entonces no existían normas medioambientales o la Ley del Ruido. Además, la persona encargada de tirar los artefactos era un veterano en estos menesteres y sólo él podía realizar esa tarea en los días de Romería, la Fiesta de la Patrona del pueblo y poco más. Eran otros tiempos y el material explosivo que expendían en algunas tiendas era inofensivo: minúsculos petardos o los llamados “ciquitraques”, que compraban los más jóvenes.

Por eso, cuando hemos conocido el caso de una sevillana que a punto estuvo de perder un brazo por explosionarle un cohete de varilla precisamente el día de Navidad, debemos  preguntarnos si los únicos responsables son los jóvenes que lo lanzaron. Porque si hay normas que prohiben la venta de estos materiales a personas no autorizadas y ordenanzas sobre el ruido y orden público, yo veo a dos comprometidos más: el que vendió ese cohete y, como responsable subsidiario, el Ayuntamiento de Sevilla. Y es que no podemos ir paseando por la calle en Navidad sobrecogidos por el estruendo de un sinfín de petardarzos, culebrillas y otros bombazos, mientras quienes los tiran salen indemnes por falta de vigilancia de la autoridad municipal.