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Preparando un juicio penal que se celebra esta semana, me ha indicado mi cliente que el día de los hechos cuando fue interrogado por un guardia de seguridad sobre lo sucedido, al negar él su responsabilidad, el uniformado le propinó un buen tortazo en la cabeza. Y no es la primera vez que me refiere alguien en mi despacho que ha sido agredido en cuarteles, comisarías, prisiones u oficinas de los guardias de seguridad. También, que han sido ridiculizados, vejados, torturados o coaccionados. Y no me estoy refiriendo a los casos en que los miembros de los cuerpos de seguridad tienen que reducir a un detenido o defenderse del mismo. Aunque yo no estaba allí, con los años uno va distinguiendo si el que está enfrente se lo está inventando o no; pudiéndome equivocar, claro.

Hoy, estamos concienciados que una persona no puede pegar o vejar a su pareja o familiar cercano, ni siquiera darle un empujón. Y si lo hace, todo el peso de la ley cae sobre el culpable: alejamiento del domicilio familiar, cárcel, etc. Y ya no es como antes, que se decía que eso era un problema de cada familia. Y, por supuesto, si el agresor intenta justificar su acción, no le sirve absolutamente de nada. Entonces, sería bastante saludable para nuestra democracia que el poder legislativo y el judicial se fijaran en la violencia policial, no solamente en la doméstica. Y es que este artículo se me ha ocurrido a partir de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid contra los policías implicados en la detención ilegal de dos militantes del partido popular.