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He asistido la semana pasada a unas Jornadas sobre Urbanismo, interesándome sobre todo la ponencia sobre los delitos urbanísticos expuesta por el Fiscal de Delitos Medioambientales de Andalucía. Los asistentes pudimos oír cómo los propietarios de parcelas en suelo no urbanizable se las arreglaban para construir en ellas casas, chalés y mansiones. Pero los únicos infractores no eran los dueños, sino los constructores sin proyecto ni licencia, algunos notarios que escrituran parcelas en suelo rústico que luego no se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad, o alcaldes que cobran el IBI y otros gravámenes para enderezar las cuentas consistoriales.

Pero no nos engañemos: aquí todo el mundo estaba al corriente de lo que estaba pasando, pero se ha dejado hacer. ¿En qué ayuntamiento no se sabía que las licencias solicitadas para construir una nave agrícola en una pequeña parcela eran en realidad para construir una vivienda? Pero esto también era conocido en las demás administraciones. Por todo ello, veo bastante injusto que se esté juzgando a ciudadanos como autores de delitos contra la ordenación del territorio, cuando ha existido una connivencia de todos los que deberían haber vigilado. Igual que es injusto imputar al que ha comprado de buena fe una vivienda construida ilegalmente, adoptando el Juzgado diversas medidas cautelares como el precinto del inmueble o el corte de los suministros de agua, luz y gas.