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De vez en cuando se oye a alguien criticar a los que cometen fraude fiscal, pidiendo incluso cárcel para los que engañan a Hacienda, expresando su pesar porque él tiene nómina y no se puede escapar aunque quisiera. Y uno se pregunta ¿qué ciudadano no ha engañado alguna vez al Fisco? Claro, que pasar de la infracción tributaria al delito contra la hacienda pública, significa que se han defraudado muchos euros. Pues igual pasa en otros ámbitos de nuestra relación con la administración. Se empieza “echando un garabato”, alterando datos “sin importancia”, y se puede terminar imputado por un delito de falsedad en documento público, estafa y cohecho.

Porque se piensa que los que van a la cárcel son los autores de robos, los traficantes de droga o los que cometen delitos “de sangre”. Pero la línea que separa lo lícito de lo ilícito es difusa, y hay conductas que el ciudadano de a pie ignora que están tipificadas en nuestro código penal. Por eso, no deben sorprendernos las noticias que oímos estos días sobre inspectores, médicos y famosos, que han sido detenidos por defraudar a la seguridad social tramitando pensiones de invalidez a cambio de dinero. El que entrega el “sobre” quizás no tiene muy claro que está jugándose su libertad, pero el que lo recibe sí debe saber que está poniendo un pie en la cárcel. Lo único que pasa es que la policía da prioridad a la lucha contra el delito violento y grave. Y, menos mal, porque si se investigaran todas las infracciones punibles, en poco tiempo estarían colapsados todos los juzgados de España.