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Oímos que el Consejo General del Poder Judicial abre expediente a una jueza por mantener en prisión a un ciudadano a pesar de haber sido absuelto. Vemos que algunos fiscales interpretan la ley respecto a los terroristas según se encuentre la negociación con ellos. Contemplamos en el juicio del 11-M unos traductores que según sean españoles o italianos interpretan la declaración de un acusado como el día y la noche. Igualmente, somos informados de que un juez no competente toma declaración como testigos a unos peritos a los que finalmente acaba imputando para, acto seguido, ser considerados de nuevo testigos por el tribunal realmente competente.

En el juicio del 11-M hay abogados de la acusación que coinciden con las conclusiones del ministerio fiscal - los menos - y otros que mantienen posiciones totalmente opuestas. Además, en este proceso la mayoría de los letrados están criticando la labor de un juez de instrucción que daba por buenos cualquier informe o prueba que le ponían por delante. Pues bien, supuestos como los comentados ocurren a diario, si bien son disculpables los sucedidos por criterios jurídicos y, no tanto, los que siguen criterios políticos. Debería aumentar el control sobre la actuación de jueces y fiscales, para que su labor fuera fiscalizada no solo en los casos de queja o denuncia, sino de oficio e, incluso, mediante encuestas aleatorias a abogados y ciudadanos con “experiencia judicial”. En caso contrario ¿quién juzga al juzgador?