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Hasta hace poco, las agresiones a médicos, ATS o profesores, eran consideradas simples faltas de lesiones; o, en su caso, de amenazas o coacciones. Pero la situación ha cambiado, ya que la Fiscalía General del Estado ha tomado conciencia del problema de tener a los funcionarios de la enseñanza y de la sanidad pública atemorizados en su trabajo porque los ciudadanos sin educación y sin principios reclamen a los mismos implorando la ley de la selva. Antes, no era habitual oír que un alumno había pegado aun profesor o que su padre había interrumpido en una clase porque el maestro había impuesto un castigo a su hijo.

Como tampoco era frecuente escuchar que un usuario de la sanidad o pariente de éste calmara su ansiedad ante las largas esperas o la falta de información, pegándole un mamporrazo al doctor o enfermera que le cogiera más cerca. Pues bien, poco a poco la interpretación del derecho se va adaptando a la realidad social y, aunque tarde, se comienza a hacer justicia. Evidentemente, no es lo mismo que se imponga una multa que una condena a penas de prisión para los que transgreden normas fundamentales de convivencia. Por eso, en determinadas circunstancias, los tribunales pueden apreciar que se ha cometido un delito de atentado contra la autoridad ciando las víctimas son las personas antedichas, y no una simple falta.