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La semana pasada, el Juez Garzón manifestaba a la prensa que su decisión de ordenar grabar las conversaciones entre abogados y clientes en el Caso Gürtel estaba ajustada a la ley. Y, acto seguido, una asociación de fiscales también justificaba las escuchas basándose en el bien objeto de protección jurídica. Ambas reacciones respondían al comunicado emitido por el Colegio de Abogados de Madrid respecto a su decisión histórica de presentar una querella contra el juez instructor del Caso Gürtel en sus inicios, los fiscales que asintieron a tal decisión y los demás responsables, eso sí, dándole antes a la Fiscalía la oportunidad de tomar la iniciativa. Tenemos que aplaudir la resolución unánime de la Junta del Colegio de Abogados de Madrid, por ser poco habitual que los órganos de representación de la abogacía tomen decisiones tan valientes.

Pero ya era hora. Si es primordial para un Estado de Derecho el respeto al derecho de defensa y al secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente en general, más lo es cuando el letrado se entrevista con su patrocinado en un lugar sórdido y en unas condiciones extremas. Porque cuando un ciudadano está en una prisión la única forma en que puede preparar su defensa con su defensor es en los habitáculos habilitados al respecto, angostos, separados por un cristal y con una audición de poca calidad. Y si encima del escenario dantesco en que se producen estas entrevistas, también tienen que pensar ambas partes que pueden estar siendo grabadas por la autoridad que debe preservar sus derechos, lo que ocurrirá es que nuestra democracia y sistema de justicia serán cada vez más tercermundistas.

Pero vayamos al caso concreto. Se trata de un magistrado de la Audiencia Nacional con una dilatada experiencia, firme defensor de los derechos humanos incluso allende los mares, y con la aquiescencia de unos fiscales también del mismo órgano ¿Qué les parecería a Sus Señorías que sus conversaciones fueran grabadas cuando van a desayunar por la mañana a los bares cercanos al edificio judicial, después de pasear lustrosos delante de las cámaras? ¿Qué les parecería si cuando están llegando a algún acuerdo jueces y fiscales, no siempre respetuoso con la Constitución, respecto a algún auto de prisión dudoso o la imposición de una fianza exagerada, al día siguiente vieran transcritos sus coloquios en la prensa?

Ha llegado la hora de dar un paso contundente, de tener una reacción enérgica ante la falta de respeto y consideración a la labor de la abogacía, ante el pisoteo de los derechos fundamentales por quienes más deben defenderlo. Tanto el presidente del Consejo General de la Abogacía Española como el Colegio de Abogados de Madrid han demostrado que los abogados tenemos a alguien que nos defienda en nuestro quehacer profesional, y que si nos hace falta su ayuda no vamos a obtener por respuesta solo palabras. Porque los acontecimientos antedichos no son hechos aislados, sino que cada día en los tribunales se falta el respeto a los abogados y se vulneran los derechos de sus defendidos. Y los abogados aisladamente muy poco pueden conseguir. Pero la realidad es que no todos los Colegios de Abogados siguen la misma línea. Hay algunos que creen más importante preservar las buenas relaciones con la judicatura, por si algún día necesitan su ayuda... Incluso se permiten algunos de sus representantes vetar artículos dirigidos a la publicación institucional que denuncian comportamientos impropios de los jueces ocurridos en juicios u otras diligencias. Pero en fin, son dos formas de entender cuál es la labor del abogado, si callar para llevarse bien con la autoridad, o reclamar la salvaguarda de nuestros derechos y los de nuestros clientes cuando es necesario.

En definitiva, entiendo que la primera consecuencia que va a tener una decisión tan valerosa como la antedicha, es que el juez que intente torcer los renglones de la ley va a pensárselo antes dos veces, porque ya no se arriesga sólo a que uno o varios abogados lo denuncien por separado, sino que estará detrás de ellos su Colegio profesional. Y la segunda, que los jueces y fiscales respetarán más nuestra posición en los procedimientos judiciales.